República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 15 de febrero de 2012
EL TIEMPO
EXMILITANTES DEL M-19 PEDIRÍAN PERDÓN A VÍCTIMAS DE SU ACCIONAR
Antonio Navarro Wolff dijo que, de ser necesario, realizarán actos de reparación simbólica.
El secretario de Gobierno de Bogotá y exmilitante del M-19, Antonio Navarro Wolff, aseguró este martes que no tendría inconveniente alguno en pedir perdón por el accionar de esa extinta guerrilla, pero agregó que ya lo ha venido haciendo en los últimos años.
"Como personas que recibimos el indulto por la ley estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer en términos de reparación simbólica, perdón y todo lo demás", sostuvo Navarro Wolff.
El Secretario de Gobierno de la capital del país señaló que los antiguos militantes del M-19 tienen "toda la voluntad de hacer lo que sea necesario hacer" para pedir perdón.
"Lo que dice la ley es que se pueden imponer determinadas condiciones de reparación simbólica y perdón. (...) Yo he hecho muchísimos actos y solicitudes de perdón a lo largo de estos años y si la ley nos impone más, estamos dispuestos a lo que nos imponen", puntualizó Navarro Wolff.
El funcionario hace referencia a que la Ley de Víctimas obliga a los miembros de grupos ilegales a pedir perdón a los afectados por su accionar, después de ingresar a un proceso de reconciliación con el Estado.
'TRIBUNAL NO TIENE COMPETENCIA PARA MANDAR A LA CPI CASO DEL
Así lo afirmó el expresidente Gaviria, vocero de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
El presidente Juan Manuel Santos y su canciller, María Ángela Holguín, se reunieron este martes en la Casa de Nariño con expresidentes y exministros de Relaciones Exteriores en el marco de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el objetivo de repasar los principales temas de la política exterior colombiana.
El tema más relevante sobre la mesa fue la solicitud que el Tribunal Superior de Bogotá le hizo a la Corte Penal Internacional para que examine la actuación del expresidente Belisario Betancur en los hechos que rodearon la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. Ese fue el mismo fallo que condenó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
"La Comisión Asesora descarta que caso del Palacio de Justicia pueda llevarse a la Corte Penal Internacional (CPI). A juicio de nosotros, ese no es un tema de CPI", dijo el expresidente César Gaviria, quien ofició como vocero de la reunión.
A juicio del exmandatario, este es un tema "que la Justicia colombiana ha juzgado" y "si el Tribunal cree que hay personas que han faltado a sus funciones, puede proceder".
El excanciller Guillermo Fernández de Soto explicó que, de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto de Roma, es el Presidente de la Repúbica el que debe enviar un caso a estudio de la CPI, no un tribunal.
Durante la reunión de la Comisión Asesora también se trataron los avances hacia la ratificación del TLC entre Colombia y la Unión Europea, la puesta en marcha del acuerdo comercial con Venezuela y las gestiones tendientes para lograr la elección del vicepresidente Angelino Garzón como director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
REVOLCÓN CONSTITUCIONAL?
Por: Alfonso Gómez Méndez
Una oportunidad para analizar en conjunto la conveniencia o inconveniencia de todas las reelecciones.
¿Reelección igual para Fiscal, Contralor, Procurador y Defensor, o no reelección para ninguno?
El inesperado y prematuro anuncio del procurador Ordóñez de que aspira a ser reelegido invita a reflexionar de nuevo sobre la repetición de periodos en los altos cargos del Estado. Nuestra historia constitucional muestra que en la rama ejecutiva pasamos de las reelecciones inmediatas a las mediatas, hasta la prohibición absoluta, como lo planteó inicialmente la Constitución de 1991.
En realidad, el 'espíritu' de la nueva Carta Política fue plenamente antirreeleccionista, pues las prohibió casi todas: para Presidente, magistrados, Fiscal General, Contralor General, alcaldes y gobernadores. Quizás por descuido y premura, los constituyentes se olvidaron del Defensor del Pueblo y del Procurador General.
Tal omisión tuvo que ser involuntaria, pues nada justificaría, ni jurídica ni políticamente, que los 'padres y madres' asambleístas hubiesen considerado inconveniente, por ejemplo, la reelección de Fiscal y Contralor, pero sí indicada la del Procurador. Son omisiones constitucionales con efectos políticos.
Parafraseando al maestro Echandía a propósito de la revolucionaria reforma de 1936, con la reelección inmediata del Presidente, establecida, como es sabido, en buena parte a punta de cohechos políticos (no se ha investigado aún a todos los que participaron en ese proceso, así ahora lo desconozcan y quieran negar que eran uribistas 'purasangre'), se le rompieron vértebras esenciales a la Constitución de 1991, claramente antirreeleccionista.
Hay que decirlo sin tapujos: a partir de esa reforma, expedida en beneficio de un nombre propio, en la práctica, como ocurre en Estados Unidos, el periodo presidencial se extendió a ocho años, pues difícilmente volveremos a tener presidentes por cuatro años: los elegidos, con mayor o menor razón, alegarán distintos motivos para seguir en el poder. Por fortuna, la Corte Constitucional, en decisión cuyo segundo aniversario celebraremos el próximo domingo 26, abortó los periodos de 12 años que algunos querían establecer mediante referendo.
En cuanto al Congreso, no prosperó la limitación de periodos. Por eso se dan, verbigracia en EE. UU., congresistas brillantes que literalmente mueren sentados en la curul, superadas la tercera y aun la cuarta edad.
Curiosamente se ha mantenido la prohibición para reelección inmediata de magistrados para las altas cortes.
Conviene recordar que el plebiscito de 1957, para garantizar la independencia y despolitización del poder judicial, consagró la cooptación y la inamovilidad en el cargo hasta la edad de retiro forzoso. Probablemente, este es el único sector del Estado donde en aras de la independencia valdría la pena cambiar los periodos fijos y la no reelección por esa normativa plebiscitaria, disponiendo además, como se propone en la reforma en curso, que la edad de retiro sea de 70 años.
La inusual petición del jefe del Ministerio Público al Presidente para que se posibilite su reelección puede aprovecharse para analizar en conjunto la conveniencia o inconveniencia de todas las reelecciones. ¿Prohibir otra vez la reelección inmediata?
¿Ampliar de nuevo el periodo presidencial a ocho años, para evitar el desgaste de un presidente en campaña, o a seis años, sin reelección?
En cuanto al Congreso, ¿podría pensarse, digamos, en máximo tres periodos, para facilitar la renovación? Y en ese caso, ¿cómo evitar la omnipresencia del delfinazgo? ¿Reelección igual para Fiscal, Contralor, Procurador y Defensor, o no reelección para ninguno?
Pero, ante todo, ¿cambio de sistema para -conforme lo advirtiera el procurador Ordóñez, en clarividente discurso al momento de su primera elección- no tener que pedirles votos a quienes investiga?
Sería, además, la oportunidad para replantear el origen y funciones de los organismos de control.
EL ESPECTADOR
'LA REFORMA A LA JUSTICIA ES DIFUSA'
El magistrado Gustavo Gómez, nuevo presidente del Consejo de Estado, explica por qué la Rama Judicial teme que se acabe el sistema de contrapesos de la Constitución del 91.
El magistrado Gustavo Gómez, nuevo presidente del Consejo de Estado.
El nuevo presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, es un hombre sin rodeos: sugiere que el procurador Alejandro Ordóñez podría ser ternado por este alto tribunal en su carrera por la reelección; advierte que participar en elecciones de órganos de control implica un desgaste para el Poder Judicial que otros llaman politización de la justicia, y, además, le muestra los dientes al Ejecutivo sobre la polémica reforma a la justicia. Anticipa, por último, que la sala electoral (Sección Quinta) ya estudia un proyecto de fallo por la demanda interpuesta contra la elección de la fiscal general Viviane Morales.
El Consejo de Estado es quizás el tribunal donde más se evidencian abusos de la Fuerza Pública. ¿Cómo ve la discusión de ampliar el fuero militar?
El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la posibilidad de ejercer la violencia legítima sin cometer delitos, de manera que si los servidores públicos los cometen el Estado también tiene la obligación de reprocharlos. Crear excepciones a priori para cualquier servidor público generará desequilibrios sociales muy graves. Hay que crear entre nuestras Fuerzas Armadas una conciencia democrática. Queremos militares ideologizados en el respeto por las personas y la concepción clara de que, por más dura que sea su batalla, la razón de su misión se principia y se agota en la lucha por el Estado democrático.
¿El procurador Ordóñez será de nuevo ternado por el Consejo de Estado para su reelección?
Parece que sí, pero hay dos enigmas sobre esto: si el acto legislativo (de la reforma a la justicia) se aprueba, al procurador lo nombrarían las cámaras legislativas y el presidente, y nosotros no tendríamos nada que hacer ahí. Serían los intereses de partido, como ha pasado en décadas anteriores cuando a la Procuraduría la manejaba el Ejecutivo. Si no pasa la reforma seguimos asumiendo el costo que implica postular órganos de control que manejan una cuota burocrática grande.
A la justicia también se le acusa, precisamente, de no querer soltar esa cuota burocrática.
El hecho de que los jueces postulemos para los órganos de control rompe con esa tranquilidad del juez que debería estar pensando en procesos. Pero hemos visto un renacer del país desde la Constitución del 91, con procuradores que han sido más o menos respetuosos de la Constitución, con contralores como la actual que por lo menos genera conciencia del control fiscal. Eso se debe a que otro poder actúa y asume el costo del desgaste, lo que infundadamente llaman politización de la justicia.
¿Qué puntos de la reforma a la justicia le preocupa?
Hay un artículo que privatiza la administración de justicia recurriendo a notarios, abogados o buenos componedores. Es correr el riesgo de que el recurso a la justicia se convierta en arbitrariedad y desconfianza. También nos preocupa la reforma a la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo para crear salvaguardas que impiden que el Poder Judicial pueda controlarlos.
¿Debería desaparecer la Comisión de Acusación?
La Comisión está servida por representantes que no tienen formación jurídica. Hay que pensar en fórmulas audaces que no rompan la arquitectura del Estado. Por ejemplo, que esté compuesta por partidos de la oposición para evitar ese maridaje entre mayorías; y con congresistas que tengan formación jurídica.
¿En qué va la demanda contra la elección de la fiscal Morales?
Ya se registró un proyecto de fallo. El proceso está en la Sala Electoral (Sección Quinta), sin embargo, no sabemos si ese proceso vaya a ir a Sala Plena.
¿Conoce el sentido del proyecto de fallo?
Es confidencial y reservado. Hasta el momento no se ha hecho petición de que la Sala Plena resuelva esa demanda, aunque cualquier magistrado puede solicitarlo: 27 personas discutiendo pueden ser más objetivas que una sola sección.
¿Qué ‘papas calientes’ evalúa la Sala Plena del alto tribunal?
La pérdida de investidura del senador de la U, Juan Lozano, del del exalcalde Samuel Moreno y de muchos congresistas.
La Contraloría y muchos sectores políticos han atacado la ineficacia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). ¿Se volvió este un órgano sin controles que debería abolirse?
Hay que fortalecer su eficacia, quizá cambiando la naturaleza de sus integrantes, quitándoles el rango de magistrados y convirtiéndolos en técnicos. Algunos magistrados han dado toda la papaya, pero la Sala es un patrimonio de la Rama Judicial.
Usted encabezó un acto simbólico para exigir respeto por el fallo que condenó al coronel (r) Plazas Vega. ¿Fue tan fuerte la crítica del Ejecutivo?
Participamos en un acto simbólico para que la sociedad civil se dé cuenta de que tenemos jueces dignos, tan patriotas como los soldados que están en el Caguán. No es destacable que un servidor público, sea quien sea, desdiga de fallos judiciales.
¿Está tan grave el país en su sistema judicial?
En el concierto latinoamericano, el sistema de justicia de Colombia es un orgullo. Fíjese lo que ocurre en Ecuador: una justicia que maneja el presidente. En Venezuela, una justicia que ejecuta las decisiones del gobernante. En Cuba, una justicia que no es capaz de limitar el ejercicio perenne de unos dictadores. En Bolivia, el presidente Morales sacó casi a escobazos a los magistrados de la Corte Constitucional. Los jueces somos de carne y hueso, y nos podemos equivocar, pero tenemos una cadena muy larga de mártires que han entregado su vida por ser independientes y autónomos. En Colombia, la justicia fue la que impidió que pretensiones políticas de líderes importantes tuvieran un desarrollo individualista, enfocado a ese afecto entre los líderes y la base popular.
¿No es muy fácil compararse con países como Cuba y Venezuela?
Si queremos ampliar el espectro en materia de responsabilidad del Estado estamos más avanzados que Francia. Tenemos más niveles de protección para los ciudadanos que en varios países europeos. Aunque tenemos carencias grandes, desde luego, porque no miramos la fuente real de la problemática que enfrenta la justicia. Hay quienes piensan que cualquier gasto en justicia es un mal gasto. Es más importante tener justicia que tener autopistas. Sin justicia no hay desarrollo.
¿Debería reforzarse el tema de la doble instancia en la Corte Suprema?
La Corte Constitucional ya estableció los mecanismos con los cuales puede haber esos dos momentos. Pasado el problema de la parapolítica el nivel criminológico de la Corte Suprema va a bajar. ¿Por un episodio que está en proceso de desaparición vamos a reformar la Constitución? Eso no tiene sentido, más si se tiene en cuenta que la población de aforados es muy reducida, no son más de 500 en el país. No obstante, la falta de segunda instancia en los juicios a congresistas y la ineptitud de la Comisión de Acusación sí son cuestiones que tienen que ser corregidas.
¿Por qué la reforma a la justicia ha generado encontronazos entre el Gobierno y las cortes?
Las motivaciones de la reforma son bastante ambiguas. ¿Cuál es la razón real para modificar la justicia? ¿Resolver un problema administrativo o limitar la capacidad de la justicia? Ese es el dilema que no hemos podido resolver. Esta reforma parece concentrar el poder en el Ejecutivo y el Legislativo, que en términos materiales tienden a ser uno solo por aquello de la gobernabilidad. No hay reforma a la justicia, sino debilitamiento de ésta.
Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta reforma?
La reforma no es a la justicia, sino al diseño del Estado. Con la propuesta de la reforma se va a blindar al Congreso de un órgano judicial que ha logrado fortalecerlo a partir de devolverle la credibilidad. Se va a debilitar la pérdida de investidura. A ver cómo queda Colombia sin los diques que impuso la Constitución del 91 y que ahora se quieren levantar.
¿Le han hecho saber al Gobierno estas inquietudes?
Estamos en esas. El Consejo de Estado dijo ‘no’ a un proceso simplemente cosmético de participar en unos debates parlamentarios de apariencia. Un debate significa un cruce de ideas, en donde los argumentos fluyen y la razón logra el equilibrio. Cuando eso no ocurre, hablar ante sordos o presentarse ante personas que no quieren ver es perder el tiempo.
¿Se sienten ignorados por el Congreso?
Claro, porque presentamos un proyecto de reforma, atendiendo una invitación del Ejecutivo, para que fuera el Congreso el árbitro. Y, finalmente, el proyecto del Consejo de Estado fue como enviado al recipiente de la basura. Nunca supimos si nuestras propuestas por lo menos merecieron una consideración. Quedó la impresión de que esta fue una reforma concertada, dándole un aval previo de legitimación muy peligroso para la vida nacional.
¿Cómo ha funcionado la interlocución con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra?
Nos sentimos muy bien relacionados con todo el equipo del gobierno Santos.
Si esta relación fluye, ¿por qué se sienten tan ignorados?
Porque el mundo de la política es muy distinto al de la justicia.
SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO ESTUDIARÁ DEMANDA CONTRA ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL
Debido a la trascendencia nacional y la complejidad del caso, la Sala Plena del Consejo de Estado definirá la demanda presentada en contra de la elección de la fiscal General, Viviane Morales.
Según el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, la decisión fue tomada este miércoles y será estudiada en las próximas salas, hecho por el cual se espera que en las próximas semanas se presente un fallo de fondo.
“La decisión se tomará con la mayor rapidez, solamente existe un proceso para analizar la juridicidad de la elección de la señora Fiscal General”, precisó el magistrado Gómez.
La Corporación buscará establecer si la elección de Morales Hoyos es nula pues el presidente de la República, Juan Manuel Santos, no podía cambiar la terna que ya había presentado el expresidente Álvaro Uribe.
El otro argumento de la demanda afirma que de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no podía cambiar su reglamentación interna para realizar la elección del jefe del ente investigador.
En este caso, se afirma que para las elecciones que realiza la Corte Suprema se necesita una mayoría calificada sobre los 23 magistrados que la integran, es decir 16.
“El trámite es que tanto el ponente es la sección quinta ya tenía registrada la sentencia. Por lo que ahora tenemos que hacer es entrar a discutirlo y votarlo por los 27 magistrados”, explicó el presidente del Consejo de Estado.
PALACIO DE JUSTICIA, CAMINO A LA IMPUNIDAD
Por Jorge Gómez Pinilla*
La impresión que queda en medio de este debate, es que en los últimos días se ha organizado un impresionante aparato de poder mediático, no tanto para contribuir a que brille la justicia, como para garantizar la impunidad de todos los militares involucrados.
La revista Semana trae en su última edición (No. 1554, pág. 34) un artículo analítico sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la condena a 30 años contra Alfonso Plazas Vega por lo de la retoma al Palacio de Justicia, titulado La teoría que condenó al coronel, el cual parte de una premisa atrevida y desemboca en una conclusión equivocada.
artículo en cuestión explora el que considera el elemento más “controversial” de ese fallo, como es la afirmación de que dentro del Ejército de Colombia se conformó un "aparato organizado de poder" para desarrollar actividades delictivas.
Este constituiría el sustento jurídico que según Semana “es totalmente ofensivo para el Ejército”, porque tendría su origen en dos teorías jurídicas internacionales, una elaborada por el profesor alemán Claus Roxin para poder juzgar al oficial nazi Adolf Eichmann, y otra en una ley expedida en Estados Unidos a mediados del siglo XX denominada RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) creada para combatir a la mafia norteamericana.
Lo que no está probado es que ese sea el sustento jurídico (y el texto del fallo no se expresa en tal sentido), pero es lo que le sirve al autor del artículo para deducir apresuradamente, apenas en el tercer párrafo de su exposición, que “el solo hecho de que el Ejército de Colombia haya sido juzgado bajo el mismo rasero del mayor genocidio de la historia o de los herederos de la mafia de Al Capone, no solo para los militares sino para muchos juristas, no tiene ninguna presentación”.
Es posible que el fallo se extralimite cuando pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la responsabilidad de Belisario Betancur, y que le quepa razón a un editorial de El Tiempo en que tanto eso como exigirle al Ejército que pida perdón tiene “un evidente tufillo político”, pero no se puede pasar por alto lo que le dijo a El Espectador el presidente de la Sala Penal del Tribunal, Jorge Rodríguez Cárdenas, para explicar la ratificación de la condena a Plazas Vega por la desaparición de dos personas del Palacio de Justicia: "el coronel condenado no actuó a título personal".
Y si no actuó a titulo personal fue porque varios oficiales se habrían puesto de acuerdo, y es en este contexto donde se entienden –por ejemplo- las comunicaciones radiales que durante la retoma identifican al entonces Comandante del Ejército, Rafael Samudio Molina, como PALADÍN 6, quien se comunica con ARCANO 5 (coronel Luis Carlos Sadovnick, segundo comandante de la Brigada XIII), y le emite lo que se entendería como una orden: “esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco”.
Es por ello que en la asignación de culpas quizá son pocos los que están, porque no están todos los que son. Y si no están todos los que son no es porque no se hubieran presentado torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sino porque no se les ha podido comprobar su participación en esos crímenes de lesa humanidad. Lo preocupante de todos modos es que el artículo en referencia afirma que “no es totalmente lógico que se pueda hacer una analogía entre el Holocausto judío, la mafia de los Estados Unidos y el Ejército de Colombia”, siendo que la analogía no la establece el fallo sino el articulista, en lo que bien podría definirse como torcerle el cuello a la evidencia.
Sólo en esta tónica se entiende una afirmación consignada en el último párrafo –que adquiere el carácter de atentado al sentido común-, según la cual “se trató de un acto de guerra para el cual no había libreto y no un aparato de poder organizado, el cual por definición (…) no podía existir, pues no podía haber sido montado en dos días”. ¿Quién dijo acaso que en esos dos días, incluso en cuestión de horas, un grupo de oficiales no podía ponerse de acuerdo para torturar y borrar del mapa a todo aquel que consideraran sospechoso de pertenecer al M-19, cuando fue precisamente eso lo que las evidencias recopiladas en los últimos 26 años indican que ocurrió?
Es de presumir la buena fe que anima al autor del artículo cuando dice que “hasta ahora no se ha demostrado que el coronel hubiera ordenado las desapariciones o las hubiera ejecutado”, y no es propósito del suscrito aportar pruebas que controviertan tal afirmación, pero sí es de personas ajustadas a la lógica reconocer que la retoma se llevó a cabo mediante una fría, despiadada y demoledora operación rastrillo, donde para nada importó el elevado número de bajas colaterales ocasionadas. Y que dicha retoma incluyó –además de las ya probadas desapariciones- crímenes tan condenables como el de asesinar al magistrado Carlos Horacio Urán para depositarlo luego entre los escombros (con su cuerpo ya lavado), y que para todo lo anterior se requería contar con “un aparato organizado de poder”, de ningún modo comparable –eso sí- a los que pudieron conformar los artífices del Holocausto Judío o las mafias norteamericanas que florecieron durante la Gran Depresión.
Es por ello que estamos en completo desacuerdo con que durante la casación la Corte Suprema “tendrá que decidir si acoge la teoría del tribunal de la responsabilidad mediata dentro del aparato organizado de poder (que el articulista intenta desmoronar) o la de la Procuraduría, de que la responsabilidad penal es individual y de que no hay suficientes pruebas para condenar al coronel”, pues conduciría a pensar que la decisión se moverá entonces entre ratificar una condena injusta, o liberarlo.
La impresión que queda en medio de este enojoso, delicado e incluso riesgoso debate, es que en los últimos días se ha organizado un impresionante aparato de poder mediático, no tanto para contribuir a que brille la justicia, como para garantizar la impunidad de todos los militares involucrados. Así las cosas, no hay duda en que es injusto que el coronel Plazas sea el único que ‘pague el pato’, pero todo parece apuntar –con certera artillería- a lograr que ni siquiera sobre él caiga el peso de la justicia.
CMI
ESTALLA CONFLICTO ENTRE CONTRALORA Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA POR ESCÁNDALO DE PENSIONES
Noticia bomba: la contralora, Sandra Morelli, está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en la investigación del carrusel de las pensiones denunciado hace unos días en esta sección.
Revelamos que hace unos días algunos magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura enfrentan procesos de responsabilidad fiscal por incurrir en presuntas irregularidades en el nombramiento de magistrados auxiliares por cortos periodos para lograr incrementos significativos y reliquidaciones de millonarias pensiones. La Contraloría anunció la investigación, pero la inoperante comisión de acusaciones de la Cámara anunció otra investigación sobre el mismo tema y planteó, así, colisión de competencias.
Pues bien: la contralora, de armas tomar, acaba de enviarle una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Le pide elevar una consulta al Consejo de Estado para que defina quién debe seguir con la investigación: si la Contraloría o la comisión de acusaciones.
La contralora va más allá: en la carta le advierte al ministro Esguerra que ya un conjuez de la Judicatura pidió copia de los expedientes de la investigación del carrusel de las pensiones... y dio un plazo de 48 horas para que le entreguen los documentos. A la contralora, semejante ultimátum le molestó y por eso envió la carta al ministro Esguerra.
¿Será que la Judicatura se vuelve juez y parte para juzgar las irregularidades de magistrados vinculados al proceso? La contralora pregunta si debe hacer entrega de las pruebas de la investigación al organismo que ella misma está investigando.
Apasionante polémica. La contralora, víctima de leguleyadas de una parte del Consejo Superior de la Judicatura. ¡Qué barbaridad!
CARACOL RADIO
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS DEL PALACIO RECHAZAN PRONUNCIAMIENTOS DE LA IGLESIA SOBRE CONDENA AL CORONEL PLAZAS
Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia enviaron una carta a la Conferencia Episcopal de Colombia y la Embajada de la Nunciatura Apotólica, donde rechazan los pronunciamientos sobre la confirmación de la condena a 30 años de prisión contra el coronel en retiro Alfonzo Plazas Vega.
En la misiva, se rechaza de forma vehemente los pronunciamientos de Monseñor Rubén Salazar y Juan Vicente Córdoba sobre una desproporción en los fallos de la justicia.
Este es el comunicado que le enviaron los familiares de los desaparecidos a los jerarcas de la Iglesia:
Bogotá D.C., Febrero 14 de 2012
Señores CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA Bogotá
Señores EMBAJADA DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA Bogotá
“El compromiso no violento de hombres que, resistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra vez, formas eficaces para dar testimonio de la verdad. Esta actitud ha desarmado al adversario, ya que la violencia tiene siempre necesidad de justificarse con la mentira y de asumir, aunque sea falsamente, el aspecto de la defensa de un derecho o de respuesta a una amenaza ajena” CARTA ENCÍCLICA "CENTESIMUS ANNUS", de Juan Pablo II a sus hermanos del Episcopado
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32.
Asunto: DE LA IGLESIA, LAS VICTIMAS ESPERAMOS RESPETO, NO JUSTIFICACIÓN DEL CRIMEN
Los familiares de los Desaparecidos en el Palacio de Justicia manifestamos indignación y rechazo a los pronunciamientos de los obispos Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal y Juan Vicente Córdoba, su secretario, en los cuales hacen afirmaciones relacionadas con la confirmación de la condena al coronel Plazas Vega por el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso de nuestros familiares desaparecidos.
La mayoría de nosotros somos creyentes, muchos practicamos la religión católica, lo que hace que nuestro repudio sea mayor ante afirmaciones de estos dos obispos frente a nuestra búsqueda de justicia, como el decir que: “no politizar las decisiones judiciales sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia” “no se puede 26 años después aplicar criterios del presente para juzgar hechos del pasado” "… en este caso es muy difícil discernir la verdad 26 años después".
Pues esa verdad de los crímenes cometidos en la retoma militar al Palacio de Justicia es la que buscamos que se esclarezca, generar polémicas como las que promueven este tipo de afirmaciones, es politizar y poner en cuestión fallos judiciales a los que nos preguntamos si Ustedes los conocen, como para afirmar lo que dicen.
Es inadmisible que no se llegue a conocer la verdad, desestimar la verdad de los hechos del Palacio de Justicia por el tiempo transcurrido sería equiparable a desconocer la historia de Jesús después de 2012 años. Además, como bien lo dice la frase “un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla” y no se puede aceptar que Colombia y el mundo vuelvan a vivir una tragedia de tal magnitud como la ocurrida; es necesario que el mundo conozca su historia, la verdad.
Peor aún, valoraciones como la de su secretario al afirmar que: “hay desproporción en fallos judiciales del Palacio de Justicia” o la comparación frente al fallo judicial diciendo que “Como puede ser que una persona se roba una vaca y le dan dos años de cárcel y una persona que a mata a cien personas, le dan ocho?” o valorar que los crímenes por los que se condena al Coronel Plazas son “dificultades” cometidas durante la retoma. ¿La desaparición forzada, el ametrallamiento y disparo con proyectiles de alto poder contra los rehenes, las torturas, ejecuciones extrajudiciales son “dificultades” para la Iglesia Católica?, es en extremo grave que la jerarquía de la iglesia católica sin conocer a fondo el caso, ni las sentencias, pretenda hacer valoraciones tan absurdas.
El M-19 es responsable por la toma del Palacio de Justicia, El expresidente Betancur y los altos mandos de las Fuerzas Militares son responsables por los delitos cometidos en la retoma militar del Palacio de Justicia, por responder a las suplicas de cese al fuego del Magistrado Reyes Echandía con bombas y rockets, por desconocer su obligación de proteger la vida por encima de todo y en cambio, ejecutar extrajudicialmente a magistrados y civiles, así como desaparecer forzadamente a ocho empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y a una militante del M-19.
La desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, no prescribe y es de ejecución permanente, a los responsables se les debe juzgar y condenar de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Justamente a criterio de la administración de justicia se le condenó a 30 años porque esa era la pena más alta prevista en 1985 para un delito de tal gravedad, si fuera con la lupa de hoy serían no menos de 60 años, por ello es ilógico y una carencia de conocimiento hablar de desproporción.
Desde pequeños nos enseñaron que la Iglesia católica está llamada a defender la vida, evitar que se reproduzcan en el mundo más “Caínes”, eso dice la encíclica del Papa Juan Pablo II, quien la Iglesia promueve para volverlo un santo:
“9. Dios no puede dejar impune el delito: desde el suelo sobre el que fue derramada, la sangre del asesinado clama justicia a Dios (cf. Gn 37, 26; Is 26, 21; Ez 24, 7-8). De este texto la Iglesia ha sacado la denominación de «pecados que claman venganza ante la presencia de Dios» y entre ellos ha incluido, en primer lugar, el homicidio voluntario. 12 Para los hebreos, como para otros muchos pueblos de la antigüedad, en la sangre se encuentra la vida, mejor aún, «la sangre es la vida» (Dt 12, 23) y la vida, especialmente la humana, pertenece sólo a Dios: por eso quien atenta contra la vida del hombre, de alguna manera atenta contra Dios mismo. Caín es castigado: tendrá que habitar en la estepa y en el desierto. La violencia homicida cambia profundamente el ambiente de vida del hombre. La tierra de «jardín de Edén» (Gn 2, 15), lugar de abundancia, de serenas relaciones interpersonales y de amistad con Dios, pasa a ser «país de Nod» (Gn 4, 16), lugar de «miseria», de soledad y de lejanía de Dios.”
Es clara esta doctrina de la Iglesia, que la vida humana es sagrada e inviolable, y como expresa Génesis 9,5. Dios pedirá cuentas de la vida del hombre al hombre y en consecuencia, si ha cometido un crimen, será castigado. Sobre ese precepto se debería sustentar la Iglesia en Colombia:
“«nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente».41 … la Sagrada Escritura impone al hombre el precepto «no matarás» como mandamiento divino (Ex 20, 13; Dt 5, 17). … Dios demuestra que «no se recrea en la destrucción de los vivientes» (Sb 1, 13). Sólo Satanás puede gozar con ella: por su envidia la muerte entró en el mundo (cf. Sb 2, 24). Satanás, que es «homicida desde el principio», y también «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8, 44), engañando al hombre, lo conduce a los confines del pecado y de la muerte, presentados como logros o frutos de vida” .
No solo es NO MATARÁS sino también NO DESAPARECERÁS a ningún hombre o mujer. Es tan profundo el dolor y la incertidumbre que causa el crimen de la desaparición forzada, que madres han pasado más de 30 años persistentes en la búsqueda de la verdad y la justicia, renunciando al olvido, afirmando la memoria, aunque ésta pueda ser dolorosa. La persistencia por la verdad, llevó a que en 1979 el papa Juan Pablo II se pronunciara ante este horrendo crimen en su alocución ante más de 70.000 personas al recitar el ángelus en la Plaza de San Pedro: “Mi solidaridad con las familias de los desaparecidos. Pido a los Gobiernos de Videla y Pinochet para que liberen a los presos políticos. Pedimos, que se acelere la anunciada definición de las situaciones de los detenidos y que se mantenga un compromiso riguroso para tutelar, en todas las circunstancias requeridas por la observación de las leyes, el respeto de la persona física y moral, incluso de los culpables o acusados de violaciones de la ley.”
L’Osservatore Romano, órgano oficial de la Santa Sede, dedicó ese 30 de octubre la editorial a la intervención del Papa en favor de los «desaparecidos» en Argentina y Chile. L’Osservatore afirma que sería gran responsabilidad “ante Dios y ante la historia desilusionar las esperanzas que las palabras del Papa hayan podido abrir en el corazón de las víctimas y de sus familiares”.
¿Por qué Ustedes no siguen el ejemplo del Papa? ¿Por qué no se han solidarizado los Obispos con los familiares de los desaparecidos forzadamente en estos 26 años? ¿Por qué no clamaron hace 26 años en una solo voz con el Magistrado Reyes Echandía para que se evitara el Holocausto del Palacio de Justicia? ¿Por qué no se unen hoy a nuestra pregunta sin respuesta durante 26 años?, a la insistente pregunta de ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia?
La Iglesia Católica está llamada a ser profeta en medio de las injusticias, de colocarse al lado del desvalido, de la víctima nunca del poder y el victimario. Esta llamada a reconocerse en la verdad, en la justicia y la memoria. En clamar porque NUNCA MAS se repitan crímenes de Lesa Humanidad en Colombia o cualquier lugar del mundo. Su trabajo por la verdad no tiene un límite de tiempo, y al igual que la iglesia reconoció sus culpas y pidió perdón por los crímenes que se cometieron en la Conquista de América, por el Etnocidio; así como denunció los crímenes del nazismo, está también llamada a denunciar los crímenes que se cometen aún en democracias como la de Colombia, no importa que sean de hace 60, 50, 40 o 26 años de haberse cometido, porque “la verdad nos hará libres”:
“Vivíamos sumidos en una gran erupción del mal, y sólo gradualmente comenzamos a darnos cuenta de sus dimensiones reales. Porque los responsables trataban a toda costa de ocultar sus propios crímenes a los ojos del mundo.
Los crímenes nazis tuvieron su Nuremberg, donde los responsables fueron juzgados y castigados por la justicia humana. No obstante, hay muchos otros casos en que no ha sido así, aunque queda siempre el supremo tribunal del Legislador divino.
La Iglesia conserva la memoria de la historia del hombre desde sus comienzos: de su creación, de su vocación, de su elevación y de su caída. En este marco esencial discurre toda la historia del hombre, que es la historia de la Redención. La Iglesia es la madre que, a semejanza de María, guarda en su corazón la historia de sus hijos, haciendo propios todos los problemas que les atañen” .
De manera respetuosa les increpamos a dar testimonio del evangelio, de los preceptos y doctrinas que predican y a las cuales los practicantes de la iglesia Católica tienen fe. El testimonio siempre será la mejor forma de predicar la verdad y “El hombre contemporáneo escucha más atento a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son también testigos” (Pablo VI, EN. 41)
No pretendemos que la Conferencia Episcopal apoye directamente a las víctimas, exigimos que por lo menos respeten nuestro dolor y la tragedia que hemos vivido en estos 26 años. El papel ejercido por dos de sus obispos, al atacar fallos judiciales que reconocen los derechos de las víctimas, no ayuda en nada a que en Colombia se supere la impunidad y entender que existen victimarios, incluyendo funcionarios públicos que se apartaron de la protección de la vida y optaron por métodos peores que los que dicen combatir. Vemos que la Iglesia Católica se pone abiertamente del lado de los victimarios, de quienes ostenta el poder y ocultan la verdad, desconociendo los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y a la no repetición de estos crímenes.
Esperamos que en futuras intervenciones la Jerarquía de la Iglesia apoye el logro de la verdad y la justicia, en vez de ponerse del lado de un Estado que pretende mantener la impunidad.
Atentamente,
Familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mery Portela León, Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.
CORTE SUPREMA ELIGE A DOS NUEVOS MAGISTRADOS PARA LA SALA CIVIL
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a la excandidata a fiscal general, Margarita Cabello Blanco y Ariel Elí Salazar Ramírez como nuevos magistrados de la Sala de Casación Civil, en reemplazo de los doctores Pedro Octavio Munar Cadena y Edgardo Villamil Portilla, respectivamente.
Cabello Blanco, natural de Barranquilla, es egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en Derecho Procesal Civil de las universidades Externado y de Cartagena. Ejerció como Procuradora para asuntos disciplinarios.
Por su parte, el doctor Salazar Ramírez, nacido en Guatica (Risaralda), es egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario.
Comenzó su carrera judicial como juez civil municipal de Bogotá, juez civil municipal y civil del circuito de Leticia (Amazonas), para luego regresar a Bogotá como juez civil municipal y civil del circuito.
Posteriormente, por espacio de algunos meses, fue magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, de la que pasó a la Sala Civil, en la cual ejerció la magistratura durante los últimos 20 años. Docente de Práctica Forense Civil en la Universidad Libre, de Obligaciones en la Universidad Incca y de Derecho Procesal en la Universidad Externado de Colombia.